El yacimiento metalífero Bajo de la Alumbrera, ubicado en el Departamento Andalgalá en Catamarca, es uno de los principales emprendimientos mineros a cielo abierto del mundo. Es explotado, desde 1997, por una Unión Transitoria de Empresas entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y Minera Alumbrera (perteneciente a la corporación suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold). A su vez, el YMAD es un ente integrado por el gobierno de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional. En la sociedad conformada, las tres mineras extranjeras perciben el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante. De ese 20 por ciento, el 60 por ciento se destina a la provincia de Catamarca, un 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley nacional 14.771.

La ley anteriormente mencionada, del año 1958, por la cual se crea YMAD, establece en el artículo 18 el destino de “las utilidades líquidas” de este emprendimiento y dice: “El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán. El cuarenta por ciento restante (40 %) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados. Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %), se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.

Es precisamente, a partir de este último punto, que desde el año 2008 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió distribuir entre las Universidades Nacionales los fondos provenientes de (YMAD). En una primera instancia, y mediante el acuerdo plenario N° 672, se distribuyeron 50 millones de pesos. Y en el 2009, a través de la resolución N° 699, la cifra ascendió a 36,8 millones de pesos. Por otra parte, y ante esta situación, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al CIN en junio del año pasado pidiendo el rechazo de los fondos porque "provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento". A partir de ahí es cuando se inician los debates y los diferentes pronunciamientos en universidades nacionales en relación con estos fondos.

A lo largo del 2009, tres universidades nacionales, Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC) y Luján (UNLu), 26 facultades y tres unidades académicas rechazaron los fondos mineros. En tanto, los sectores que aceptaron los fondos plantearon diferentes argumentos, desde formalidades legales, la puesta en duda o el rechazo de los impactos negativos derivados de la explotación minera, y la necesidad de implementar investigaciones y acciones sobre puntos conflictivos de esta actividad.

Para finalizar, el presidente del CIN, expresó en referencia al uso de los fondos de YMAD lo siguiente: “Es un debate muy profundo el que está teniendo el ámbito universitario. La utilización de los fondos… no debe ser entendido como una legitimización a ninguna actividad minera concreta. Aquí no hay una donación por parte de ninguna mina que pueda depender de esta empresa del Estado que es el YMAD. Al contrario, creo que tenemos que generar en las universidades un amplio debate y responder como las universidades tenemos que hacerlo, que es aportando nuevas propuestas y soluciones, quizás muchos de estos fondos pueden servir para destinarlos a investigaciones y aplicarlos a la minería, una minería sustentable y diferente. Y fundamentalmente tenemos que discutir un nuevo marco jurídico. El CIN está abocado a reunir no sólo ingenieros en minas o sociólogos, sino también a abogados y trabajadores sociales para generar un profundo debate relativo a lo que es un nuevo marco jurídico para la actividad minera” (Diario Uno, 19 de abril de 2010)

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